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Lunes, 25 de Junio de 2012 22:51


Guillermo Fernández Vara debería haberse preocupado como consejero de Sanidad y Consumo de que los papeles que firmaba cumplían la más estricta legalidad.
Los convenios que se firmaron con 84 ayuntamientos desde 2003, y que también firmó Vara como consejero de Sanidad, incluían irregularidades que recaían en la cesión ilegal de trabajadores.
Los celadores de los Puntos de Atención Continuada de esos ayuntamientos eran elegidos entre los vecinos desempleados del municipio y pasaban a prestar servicios en esos centros sanitarios, a través de planes de empleo.
En muchos casos, al renovarse el contrato anualmente, el elegido de un año no era la misma persona que la del año anterior y eso ocasionó múltiples demandas.
Ante la creciente litigiosidad, ya en 2009, los Servicios Jurídicos emitieron un informe desfavorable, advirtiendo a la Junta de Extremadura de que el convenio era irregular porque recaía en la cesión ilegal de trabajadores. El informe desfavorable se repitió en 2010, ante la ausencia de actuaciones.
Para entonces Guillermo Fernández Vara era presidente de la región y si no conocía el sentido de esos informes, es porque estaba en otra cosa que no era gobernar.
A día de hoy, los extremeños hemos desembolsado 200.000 euros por culpa de esta actitud negligente. Mientras tanto, Varaya se apresura a intentar colocar la pelota sobre el tejado del Gobierno de Extremadura.
Se siente muy cómodo detrás de la pancarta, a sabiendas de que es corresponsable de la situación, él y el Partido Socialista.
No puede ser que los mismos que defienden ajustes mucho más graves de Monasterio hacia abajo, sean los mismos que de Monasterio hacia arriba se ponen a la cabeza de todas las manifestaciones.
Eso es hipocresía y una burla a la inteligencia de los ciudadanos en este momento de extrema gravedad y cuando más que nunca deberíamos intentar pilotar esta nave juntos.
Con la que le está cayendo a España no nos podemos permitir estos desvaríos, ni la utilización demagógica de la necesidad de hacer ajustes, y más cuando se está haciendo un esfuerzo gigantesco para que esos ajustes no mermen la calidad de las prestaciones sociales.

 

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